La Justicia ante la indigna amnistía

Dada la combinación de la expresa voluntad del Gobierno y de una aritmética parlamentaria que confluye con sus intereses no quedan más mecanismos para impedir que se perpetre una acción política, como es la concesión de la amnistía, que atenta directamente contra el ordenamiento jurídico español, que la actuación del Tribunal Constitucional. Y, por supuesto, sin pretender hacer juicios de intenciones, no sería de extrañar un fallo favorable del TC a los deseos del Ejecutivo, sin que importe demasiado el argumentario jurídico bajo el que se cubra.

Con ello, no queremos restar la menor importancia al escrito presentado por la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en demanda de la celebración de un pleno extraordinario sobre la probable concesión de la medida de gracia, pero, dado el antecedente de los indultos a los condenados en firme por el intento de golpe de Estado en Cataluña, que el presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, otorgó en contra del fundamentado criterio del Tribunal Supremo, hay que presumir que muy poco puede hacer la Justicia para impedir que se lleve a cabo ese acto de indignidad contra el Estado de Derecho.

Ciertamente, en su demanda, los vocales del CGPJ enumeran una serie de principios jurídicos y políticos en un diagnóstico impecable de una forma de corrupción de los sistemas democráticos que consiste en anteponer la voluntad de una mayoría parlamentaria, por exigua que esta sea, en un sistema en el que la libertad de voto de los diputados no deja de ser una quimera –pese a que el mandato imperativo esté expresamente prohibido por la Constitución–, por encima de cualquier otra consideración.

Y, como en el presente caso, retorciendo el reglamento del Parlamento para eludir los controles externos previstos en su día por un legislador que no pudo adivinar hasta qué punto la ambición personal y la transformación de los partidos políticos en mera correa de trasmisión de sus dirigentes podían llegar a entrelazarse.

Con todo, como señala el escrito del CGPJ, lo más aterrador de la situación que está viviendo la sociedad española es el argumento de fondo con el que Pedro Sánchez justifica sus pasos. Es ese "todo vale con tal de que no gobierne la derecha", trasunto de la aseveración de un comunista como Pablo Iglesias ("la derecha nunca más volverá a gobernar este país"), que confunde el propio interés partidista con el de España. No sólo atenta contra el principio del pluralismo político, reconocido como un valor superior en nuestro ordenamiento constitucional, sino que convierte a los españoles que no comparten la ideología gubernamental en supuestos enemigos de la Nación que sólo buscarían privilegios sobre los derechos de un supuesto «pueblo» que, al parecer, pertenece a las izquierdas.